El concejal de Seguridad, Javier Marín, ha realizado balance esta mañana de las sanciones cursadas por la Policía Local durante 2017 por incumplimiento de las ordenanzas municipales, ascendiendo el cómputo global a más de 600.

“Se han cursado 45 sanciones más que en 2016, y los apartados en los que más se han incrementado han sido infracciones urbanísticas, podas, perros peligrosos y convivencia ciudadana, epígrafe que abarca las multas por aspectos como el ruido o depositar basura fuera de horario”, ha destacado el concejal de Seguridad, Javier Marín.

Durante el año se registraron un total de 1.256 incidencias, que se tradujeron en 1.127 actuaciones y las mencionadas sanciones.

El concejal también ha destacado que durante 2017 se interpuso la primera sanción por alquiler irregular de apartamento turístico, y se realizaron un total de 111 inspecciones en establecimientos. “Las sanciones a los establecimientos se cursaban tras volver los agentes a los locales por segunda vez: en una primera visita se advertía del incumplimiento y se daba un plazo para cumplir con la ordenanza, y se cursaba la multa si el propietario no había corregido la situación en el momento de la siguiente inspección”, ha detallado. Dichas sanciones a los propietarios de establecimientos han estado motivadas por aspectos como incumplir los horarios, convivencia ciudadana, publicidad o ocupación de vía pública.

El concejal también ha destacado la labor pedagógica realizada por los agentes de la Unidad Delta, que se ocupa de velar por el cumplimiento de las ordenanzas. “Los agentes siempre han informado en primera instancia a los propietarios de locales para que regularicen los incumplimientos de ordenanzas detectados, actuando de la misma forma con los particulares para concienciar a la ciudadanía de la necesidad de cumplir con normas como el horario para depositar la basura”, ha puntualizado.

Por último, Marín ha informado que el cambio de estrategia en la lucha contra la venta ambulante ilegal, con el establecimiento de una presencia fija de agentes en enclaves turísticos como elemento disuasorio, ha provocado un descenso en el número de actas por esta infracción, que en 2017 ascendieron a 44.