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El Concejal de Economía y Hacienda, Manuel Arroyo, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa para responder “a la campaña mediática orquestada por el PP sobre la tasa que presuntamente estábamos cobrando a los proveedores por acceder a la información sobre sus facturas pendientes incluidas en el Real Decreto del Gobierno”.



“Me extraña que Enrique Moya, alcalde durante dos años y concejal durante muchos más años, no conozca esta ordenanza, y más si tenemos en cuenta que él la aprobó en 1998 siendo concejal de Enrique Bolín, y volvió a votar a favor en las modificaciones de dicha ordenanza aprobadas en septiembre de 2002 y noviembre de 2006”, ha recordado Arroyo.



Con todo, el Concejal ha querido aclarar en todo momento que no se ha emitido ningún certificado estos días, ni mucho menos se ha cobrado por ello, y tampoco se ha cobrado por el acceso a la información. “En la web se colgó el pasado lunes el procedimiento para acceder a la información según lo recogido en la ordenanza, pero al considerar que este proceso se trata de una aplicación externa por proceder de un real-decreto, no hay necesidad de aplicar ninguna de las tasas recogidas”, ha detallado.



“El acceso a las facturas que hemos remitido al Gobierno para su inclusión en el real decreto es gratuito, al igual que la emisión del certificado de deudas”, ha insistido Arroyo.



“Las tasas sí se mantienen para la emisión de informes detallados de las facturas, pero apenas tres o cuatro grandes proveedores van a requerir estos informes”, ha puntualizado. Para subrayar la complejidad que implica la elaboración de estos informes detallados, Arroyo ha asegurado que, aún con todo el personal de Intervención trabajando, “únicamente podríamos emitir ocho diarios”.



Arroyo también ha explicado que se ha autorizado a todas las concejalías del Ayuntamiento a facilitar información detallada sobre sus facturas pendientes incluidas en el Real-Decreto a los proveedores.



“Sí hemos optado por ser muy restrictivos a la hora de consultar la información de las facturas por Internet: a pesar de las bondades que el PP vea en ofrecer la información aportando sólo el CIF de la empresa, creemos que de esta forma colocamos en una situación muy vulnerable a los proveedores, ya que cualquiera puede acceder al CIF de una empresa con facilidad, además de no respetar la Ley de Protección de Datos”, ha aclarado.



Arroyo ha lamentado el ruido mediático generado por el PP: “No hemos cobrado ni vamos a cobrar a los proveedores por la emisión de los certificados de deudas, al considerar que la aplicación de este real-decreto es externa al Ayuntamiento y, por tanto, no está sujeta a la aplicación de las ordenanzas”.



El Concejal ha recordado que las tasas por los informes detallados de las facturas sí se cobrarán conforme a las últimas modificaciones de la tasa aprobadas por Moya en 2006 (60 euros por cada informe, lo que suma 120 euros) “porque estos informes, además de su compleja tramitación, no se encuentran recogidos ni incluidos en los trámites contemplados en el real-decreto”.



En cambio, los certificados de deudas para que el proveedor pueda comprobar que todas sus facturas están incluidas sí serán gratuitos. “Hasta se puede reclamar la inclusión de nuevas facturas en la relación remitida al Ministerio con estos certificados”, ha aclarado Arroyo. De hecho, hasta mayo los proveedores pueden reclamar la inclusión de más facturas para los pagos.



“Nuestra intención es incluir el mayor número de facturas para aliviar la elevadísima deuda de 89 millones que actualmente padece este Ayuntamiento”, ha manifestado Arroyo. Por el momento, se ha solicitado al Ministerio de Hacienda 50 millones, “que es la cantidad máxima que ahora estábamos en posición de garantizar con certeza que podíamos afrontar”. Las facturas de proveedores pendientes que se encuentran en una situación de duda podrán incluirse en un futuro “una vez que iniciemos el diálogo con el Ministerio y los proveedores y aclaremos su situación”.