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El Consejero-Delegado de la empresa municipal Innoben (responsable de la gestión del uso publicitario de espacios públicos), Francisco Artacho, ha informado sobre la aprobación en el pleno ordinario del inicio del expediente para anular la concesión irregular a una empresa privada de la explotación de marquesinas y mupis como elementos publicitarios en la vía pública. “Dicha concesión, cuyo expediente está cuajada de irregularidades, se realizó en base a un decreto firmado por el ex alcalde Enrique Bolín el 30 de noviembre de 1998”, ha recordado Artacho.



El Consejero-Delegado de Innoben ha recordado que este Equipo de Gobierno ha apostado desde el inicio de la legislatura por la recuperación de las diversas concesiones de explotación publicitaria de espacios públicos para su gestión directa por parte del Ayuntamiento, a través de Innoben.



“El pasado 28 de diciembre, extinguimos el contrato con la empresa que estaba explotando actualmente estos soportes publicitarios en la vía pública, pero cuando fuimos a tomar posesión de marquesinas y mupis, otra empresa apareció reclamando la titularidad de la explotación”, ha recordado Artacho.



La empresa facilitó un decreto de 1998 firmado por el ex alcalde Enrique Bolín por el que se les otorgaba la explotación de estos soportes por un periodo de 15 años. “Comprobámos una serie de irregularidades referidas a la tramitación de este decreto: no figuraba en los archivos del Ayuntamiento, no está registrado y no está acompañado por ningún informe técnico”, ha destacado Artacho.



Además, se les permitió otras irregularidades, como enganchar la luz de los soportes a la red eléctrica pública, además de no abonar las tasas correspondientes por la ocupación de vía pública, licencia de publicidad u obra. “Desde el equipo que dirigía Bolín se les ofreció prácticamente la exclusividad en la explotación de estos soportes sin que el Ayuntamiento apenas recibiese nada a cambio”, ha denunciado Artacho.



Tras comprobar que las condiciones estaban completamente descompensadas, el equipo de gobierno ha decidido iniciar los trámites para que declarar el contrato de cesión de 1998 nulo de pleno derecho e iniciar el proceso para revocarlo. “Cuando obtengamos la nulidad del decreto, vamos a obligar al concesionario a abonar todas aquellas tasas que no hayan prescrito, y si vemos indicios en el decreto de algún posible delito penal, lo pondríamos en manos de nuestros asesores jurídicos para estudiar el inicio de una acción legal”, ha concluido Artacho.