El Ayuntamiento de Benalmádena abrirá mañana el plazo para solicitar las ayudas sociales para el IBI, Agua y Basura Doméstica. Así lo ha informado hoy la concejala de Bienestar Social, Ana Macías, que ha destacado que “el calendario no coincide con el de años anteriores porque en esta ocasión se han analizado profundamente las bases reguladoras y se ha llevado a cabo un minucioso proceso para que se beneficien de las ayudas quienes sean realmente merecedores de ellas”. “Hasta que no se resuelvan las solicitudes y se aprueben las subvenciones no se pasarán los recibos que estén domiciliados”, ha subrayado la edil. Dichas ayudas, del 50 por ciento, se podrán solicitar hasta el 5 de junio y las solicitudes deberán ajustarse al modelo recogido en las bases, que se presentará acompañado de la documentación correspondiente en la Delegación de Bienestar Social de Arroyo de la Miel, de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 horas. Igualmente, se informará y entregarán solicitudes en los centros de día ‘Anica Torres’ y ‘Silvestre González’ con objeto de facilitar el trámite a los vecinos, especialmente a los más mayores.

Los solicitantes deberán estar empadronados en Benalmádena con una antigüedad mínima de 2 años al finalizar el plazo de entrega de solicitudes; ser titular del recibo correspondiente a la vivienda objeto de la subvención; no ser propietaria o usufructuaria de bienes inmuebles de naturaleza urbana o rústica, excepto la vivienda de uso habitual, dentro o fuera del Municipio de Benalmádena; y que el valor catastral de la vivienda objeto de subvención no exceda de 275.000 euros. Así también, que el solicitante y los miembros de la unidad de convivencia estén al corriente de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Benalmádena y al corriente de pagos con la sociedad Emabesa, y que cumpla con los requisitos económicos recogidos en la bases cuya referencia son la pensión mínima 2015 (8.883 euros) e IPREM 2015 (7.455,14 euros).

“Este programa de subvenciones o ayudas se enmarca dentro de las políticas sociales como medida de protección a los colectivos que pueden presentar más dificultades para cubrir gastos derivados de necesidades básicas”, ha manifestado Macías, que ha añadido que “por ello, en este caso, se dirige la campaña a jubilados, pensionistas, personas con el 50 por ciento de discapacidad o superior, familias monoparentales con hijos menores a su cargo y familias numerosas”.