El portavoz de la Junta de Gobierno Local, Bernardo Jiménez, ha informado esta mañana sobre una sentencia condenatoria contra el Ayuntamiento de Benalmádena, motivada por una decisión unilateral realizada por decreto el 14 de agosto de 2012 por el aquel entonces consejero-delegado de la sociedad municipal Puerto Deportivo de Benalmádena, Francisco Salido, que cesó la comisión de servicios de un trabajador de forma no ajustada a derecho, con el apoyo directo del Área de Personal, dirigida por aquel entonces por un concejal del Partido Popular.
“Una sentencia judicial condena al Ayuntamiento a abonar 29.250 euros más intereses legales, en concepto de diferencias retributivas, a un trabajador municipal que fue cesado de su comisión de servicios de manera irregular con la complicidad del equipo de gobierno de la ex alcaldesa del PP””, ha informado el portavoz de la Junta de Gobierno, Bernardo Jiménez.
“Es lamentable que, cuatro años después, los benalmadenses tengan que seguir soportando las consecuencias negativas de una moción de censura injustificada”, ha valorado el portavoz. Desde el equipo de gobierno se considera esta decisión, apoyada por la ex alcaldesa Paloma García Gálvez, como “uno de los peajes que tuvo que pagar el PP para conseguir el apoyo para la moción de censura de 2012”.
La sentencia recoge explícitamente que el mencionado cese no resulta ajustado a derecho, alegando la existencia de “desviación de poder en la actuación administrativa, por cuanto la misma tan solo reviste una apariencia de legalidad destinada a dar cobertura a una actuación contraria al ordenamiento jurídico”.
Jiménez ha destacado que en el dictamen judicial se considera especialmente grave que esta decisión, que obedecía únicamente a criterios políticos y no se veía refrendada por una deficiencia en las tareas o productividad del trabajador cesado, “se viera apoyada por el responsable de Personal, miembro del Partido Popular en aquel periodo, aún sabiendas de su falta de motivación y de ser contraria al ordenamiento jurídico”.
