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El Ayuntamiento formaliza la compra del edificio Ovoide

13/05/2009 Alcaldía
El Ayuntamiento formaliza la compra del edificio Ovoide

El alcalde de Benalmádena, Javier Carnero, firmó el pasado lunes 11 de mayo un decreto por el que finalmente se concretaba la compra del edificio Ovoide, sobre el que pesaba una orden de desahucio, por un valor de 1,5 millones de euros.


Para Carnero, la situación actual del Ovoide constituye "una prueba más de la falta clara de gestión y el despilfarro de recursos municipales que caracterizó el mandato de Enrique Bolín. Un caso al que habría que unir otros, como el de Pueblosol, el recinto ferial de Benalmádena Pueblo o los aparcamientos de Balmoral y Le Courbusier".


El alcalde subrayó que la actual situación era fácilmente evitable. "Tanto el ex alcalde Enrique Bolín como el que era concejal de Hacienda en aquel momento, Manuel Crespo, hicieron caso omiso a la orden de pago para el Ovoide, que no contestaron hasta cuatro meses después del plazo. De esta forma, la opción de compra original, de 180.000 euros, ha pasado a la cantidad que nos exige el propietario actualmente, fijada en el contrato: 1,5 millones de euros", detalló.


Carnero lamentó que el Ayuntamiento tenga ahora que desembolsar una cantidad tan desorbitada que "hemos recaudado de forma legitima para una compra que podíamos haber ejecutado por 200 millones de pesetas menos".


En cuanto a las conclusiones de la comisión de investigación puesta en marcha en 2008 para abordar la problemática, Carnero aseguró que de ellas se desprende "la clara negligencia de la anterior Corporación, que ni siquiera planteó una modificación de crédito en los presupuestos de 2007 para ejecutar la compra, aún a sabiendas de que si no se abonaba en el plazo establecido la opción de compra por 180.000 euros no podía ejecutarse".


La teniente de alcalde Elena Benítez enumeró las principales consecuencias obtenidas de la Comisión de Investigación. "En primer lugar se lamentó la no comparecencia tanto del ex alcalde Bolín, como del propietario del inmueble, un hecho que dificultó seriamente el trabajo de la comisión", comenzó.


Otra de las conclusiones asegura que no se ha detectado ninguna negligencia o dejadez de funciones por parte de los funcionarios del Ayuntamiento, que advirtieron sobre la situación en fondo y forma. "En cambio, en las conclusiones sí se denuncia la clara negligencia de la anterior Corporación, que no hizo nada por ejecutar la muy económica opción de compra planteada en el contrato de arrendamiento firmado en 2007. Una negligencia que se produjo de forma reiterada: ni se incluyo una partida en los presupuestos de 2007, ni se planteó una modificación de crédito una vez conocida la situación", recalcó.