El gerente de Puerto Deportivo de Benalmádena, Manuel Jiménez, ha comparecido hoy en la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio del Parlamento andaluz, estrenándose así como presidente de Marinas de Andalucía (la asociación de puertos deportivos más importante de la comunidad andaluza) tras su reciente nombramiento.

En dicha comisión se ha debatido la proposición de ley de texto normativo por el que se adoptan medidas en materia de plazos concesionales y se modifica la Ley 21/2007 de 18 de Régimen jurídico y económico de los Puertos de Andalucía, que se está tramitando actualmente ante esta Comisión.

Jiménez en su intervención ha aplaudido la tramitación de esta ley. “Esta modificación de la Ley de Puertos de Andalucía beneficiaría al de Benalmádena, ya que permitiría prórrogas en las concesiones actuales, con lo que se podrán realizar nuevas inversiones, además de otorgar la necesaria seguridad jurídica que los puertos deportivos andaluces necesitan”, ha valorado Jiménez.

El presidente de Marinas de Andalucía ha matizado, no obstante, algunos aspectos sobre el texto propuesto por el gobierno andaluz. En este sentido, los puertos deportivos representados están de acuerdo con el hecho de que los títulos administrativos y las condiciones concesionales de los puertos deportivos se encuentran en vigor. Asimismo, Jiménez también ha manifestado la necesidad de redactar de forma más clara algunos artículos para eliminar cualquier posible interpretación, sobre todo en lo que se refiere a la aplicación de un canon determinado o del valor de tasación de los puertos deportivos, hecho que será necesario para acometer futuras inversiones.

Manuel Jiménez ha cerrado su intervención indicando ante la Comisión de Fomento del Parlamento andaluz la necesidad de que se apruebe la modificación de la normativa sectorial a la mayor brevedad, al objeto de no demorar la presente situación de inseguridad jurídica que afecta tanto a la Administración como a los administrados, y considerando que el texto que se propone para su aprobación supone una solución a la situación de incertidumbre generada en los últimos años en torno al sector portuario andaluz como consecuencia del denominado efecto 2018, defendido por la administración andaluza.